Recientemente vi esta publicación donde se solicitaba a los lectores votar a favor o en contra de la esterilización forzada por discapacidad mental, a causa de una nueva norma avalada por la Corte Constitucional de Colombia en la que se autoriza que personas con síndrome de Down sean sometidas a estos procedimientos.

Al terminar de leer la noticia y ver los resultado de la votación (más del doble de votos a favor) la indignación recorrió cada fibra de mi cuerpo. ¿Cómo es posible que en el 2016 exista una corte latinoamericana que avale dicha práctica?, y ¿cómo un portal de noticias puede preguntar si la gente está de acuerdo o no? Sería como preguntar si estás de acuerdo con el racismo…*absurdo*…porque no importa lo que opines igual está mal y es penado por la ley.

Pero el punto es que con la esterilización forzada ocurre algo muy similar a lo que pasa con el racismo: la gente piensa que ya no existe, que eso fue en otra época y que si hablas de eso estás pasado de moda. Pero déjenme decirles que ambas atrocidades siguen vigentes y se practican a diario. 

Foto: mujereslibresyenpaz.wordpress.com
Foto: mujereslibresyenpaz.wordpress.com

Empecemos por el principio. La esterilización forzada es el acto de dejar sin capacidad reproduciva a un ser humano en contra de su voluntad y sin ninguna justificación médica que lo amerite. Comenzó a practicarse con fines eugenésicos a inicios del s. XX y luego fue una medida muy utilizada como control poblacional durante los primeros años de implementación  de los Programas de Ajuste Estructural en Latinoamérica, y el Global South en general, por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las más afectadas siempre han sido mujeres de bajos recursos, viviendo en poblaciones rurales, personas indígenas o con alguna discapacidad o trastorno mental. Cabe destacar que este tipo de atrocidades fueron ampliamente implementadas en al Alemania de Hitler, que buscaba la formación de la raza aria perfecta. Creo que no es necesario añadir nada más sobre Hitler y sus ideas.

Foto: amnistia.org.pe
Foto: amnistia.org.pe

En Latinoamérica el caso más grave se dio en el Perú de Alberto Fujimori, donde se estima que entre 1990 y 2000 más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas a la fuerza. Las principales afectadas fueron mujeres indígenas quechuas, quienes aun siguen denunciando los abusos a los que fueron sometidas. Este programa de control demográfico fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Asimismo, este documental de la directora Renee Tajima-Peña y la productora Virginia Espino denuncia los casos de esterilizaciones forzadas entre mujeres latinas que dieron a luz en Los Angeles, EEUU, entre 1960 y 1970:

Las esterilizaciones forzadas están señaladas en el Estatuto de Roma como un crimen contra la humanidad. Actualmente, se siguen practicando en comunidades desfavorecidas donde no se les explica a las mujeres el procedimiento al que serán sometidas o se les amenaza con no dejarles ver a sus hijos recién nacidos si no firman las planillas de consentimiento. Asimismo, en México la ONG GIRE sigue alertando sobre la existencia de estos casos y sobre el vacío legal que permite que ocurran.

Pero esta práctica es solo una muestra del peligro que significa que el racismo, clasismo y capacitismo se vuelvan política de estado.

Foto: derechoshumanos.pe
Foto: derechoshumanos.pe

Es inaceptable que un ser humano sea despojado de su capacidad reproductiva en contra de su voluntad, especialmente porque no encaja en el molde de lo que la sociedad considera es un “ciudadano modelo”. Es inaceptable que en Colombia la ley permita esta práctica en personas con discapacidad, cuando en innumerables tratados internacionales y convenciones de la ONU se eliminó la descripción de la discapacidad como un trastorno. Es inaceptable que los Estados se valgan de la desinformación y el chantaje para obligar a las mujeres a esterilizarse.

Nuestros cuerpos no pueden seguir siendo controlados por cualquiera menos nosotras mismas. El Estado debe velar por garantizar nuestros derechos de salud, sexuales y reproductivos, no despojarnos de ellos. ¡Más educación y menos violencia: estamos en el 2016, no en 1916!