Hoy compartimos una espantosa noticia relacionada al manejo de la justicia de un atroz caso de violación colectiva de 8 hombres a una niña de 12 años, que además quedó embarazada y se le negó el acceso al aborto a tiempo, perteneciente a una comunidad indígena de la etnia Wichi en Salta, Argentina.

Compartimos parte de un reportaje original de elacopleinformativo.com

 “Si hacemos pruebas de embarazo por cada violación no terminamos más”

Fue lo que dijo el fiscal Armando Cazón ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, según indicó el legislador del Partido Obrero Arturo Borelli, quien afirmó que “el Estado ha permitido todo tipo de maniobras y omisiones en el caso, favoreciendo así la impunidad y el perjuicio de las víctimas”.

Borelli dijo que para empezar, la niña no recibió en el hospital ningún tratamiento antiséptico, no contó con la revisión de médicos legistas y no se le hicieron en ningún momento las pruebas de embarazo. 

“Este recién se confirma a fines de marzo, a instancias de su madre, quien pide pruebas al notar que el vientre de la niña crecía”, indicó Borelli.

Fiscal de la vergüenza

Además, el diputado recordó que antes de eso, ni jueces, fiscales o funcionarios se preocuparon por el tema, lo que quedó plasmado en la respuesta que el fiscal Armando Cazón dio a la Comisión.

“Si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es común que la víctima quede embarazada”, dijo el fiscal, según Borelli y argumentó que los profesionales que originalmente diagnosticaron violación, el médico boliviano Mamani y el bioquímico Bustamante, denuncian que tomaron la decisión de hacerlo público producto de su hartazgo ante el accionar de la Justicia, la que jamás envía un médico legista a constatar casos de violencia o violación.

Según Borelli, Mamaní manifestó que el médico legal (que actuó cinco días después del hecho) le pidió que “le enviara por whatsapp las fotos de la vagina de la niña para emitir un dictamen”.

Mamaní se negó, hizo el dictamen él y ahora “está ridículamente imputado por falsificación de título, cuando en realidad ejerce como médico en un hospital de Salta, autorizado por el Ministerio de Salud”, criticó Borelli. La denuncia hacia el médico boliviano reúne las características de una represalia de la Justicia hacia él por haber dejado en evidencia una inacción sistemática, dijo el diputado.

En esta línea de impunidad y encubrimiento se puede leer la libertad a los detenidos, la que se da justo cuando se conoce el embarazo de la niña. La investigación toma ribetes aún más escandalosos pues el fiscal y el juez dictan la libertad en el entendimiento que “no hay peligro de fuga” (viven a 10 Km de la frontera) y porque no hay pruebas contundentes, hasta que se realice el estudio de ADN, de que los implicados sean los culpables.

¡Qué nivel de incompetencia y apatía!

Entre que el fiscal y la autoridades no quieren hacer su trabajo porque “no terminamos más”, el forense que en vez de presentarse a constatar los hechos quieren que les manden fotos íntimas de la vagina de la víctima por whatsapp, y además el juez que deja libre a los criminales que fácilmente pueden escapar ¡mínimo esos sujetos tienen que estar despedidos todos! 

¿Pero al que demandaron fue al doctor que tuvo la decencia de tomar acción? ¡Por favor, qué vergüenza e irresponsabilidad!

Pueden leer el  reportaje completo original en elacopleinformativo.com