El pasado miércoles 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador emitió un dictamen con el que se despenaliza el aborto en caso de violación. Esto, luego de que la entidad recibiera siete demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organismos de la sociedad civil a los artículos del Código Orgánico Integral Penal.

En esencia, se reforma un artículo que, anteriormente, no penalizaba la interrupción del embarazo en casos en los que fuere consecuencia de una violación pero que tenía como condición que la mujer padeciera una discapacidad mental. Este condicionamiento fue suprimido. Por lo que ahora todas las mujeres y niñas que estén embarazadas a consecuencia de una violación y que ASÍ LO DECIDAN podrán abortar sin ser condenadas por la justicia.

La decisión contó con siete de nueve votos a favor, y es la misma Corte que en 2019 dio paso al matrimonio igualitario; por lo que no es la primera decisión histórica que toma esta entidad.

Con lágrimas en los ojos, gritos de júbilo y cánticos de fuerza fue recibida la noticia por mujeres y organizaciones sociales pro derechos que vigilaban la resolución de la Corte en las afueras de sus instalaciones. Muchas de ellas han sido víctimas de violación, muchas otras han sido familiares o amigas de mujeres que han tenido que parir forzosamente.

Según un estudio de Fundación Desafío, una de las organizaciones accionante de la demanda, en Ecuador ocurren un promedio de 11 violaciones por día; 20.052 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2008 y 2018.

TODAS fueron obligadas a sobrellevar su embarazo y a parir al hijo de su abusador, sin ser consultadas de lo que ellas querían. Muchas de ellas viven en pobreza y su acceso a educación sexual y reproductiva es prácticamente nula. Para muchas de ellas también, este no será el único embarazo forzoso que tendrán que llevar a lo largo de su vida. 

La penalización del aborto, no erradica su práctica… solo la precariza y la desplaza a la clandestinidad. Por lo que pone en riesgo la vida de las mujeres que, ante la desesperación de no poder acceder con confianza a un sistema de salud gratuito y seguro que garantice su salud y sus derechos, recurren a abortos autoinducidos o malas prácticas que han desembocado en la muerte; principalmente aquellas mujeres que no cuentan con recursos para acudir a servicios de salud de calidad. Más de 45 de cada 100 mil mujeres mueren cada año a causa de un aborto en el Ecuador.

Los estados y sus legislaciones no solo tienen la responsabilidad de precautelar la salud y la vida de las personas, sino también de garantizar que las mujeres gocen plenamente del ejercicio de la libertad de decisión sobre sus propias cuerpas, que son suyos, que no son propiedad mercantil, que no son propiedad del Estado ni de los gobiernos.

El Dolor de la Realidad

“Raquel tenía catorce años cuando inició labor de parto (…)le pedían que pujara, que respirara, pero Raquel entró en estado de shock y volvió a vivir el trauma de abuso sexual del cual fue víctima desde que tenía doce años. Gritaba mientras decía el nombre del agresor y trataba de cubrirse sus partes íntimas. El personal médico tuvo que amarrarle las manos para que no se hiciera daño. Raquel no pudo más y perdió el conocimiento (…). A sus catorce años Raquel estuvo a punto de morir en un parto que no deseó. Al despertar, se encontraba en un hospital y ya nadie la llamaba por su nombre. Unos les dicen ‘señoras’, otros les dicen ‘mamitas’. Así les tratan, aunque sigan siendo unas niñas”

Este es una de las tantas historias desgarradoras que recopila el reportaje “Las niñas invisibles de Ecuador”, ganador del Premio de Periodismo “Eugenio Espejo”.  Y al igual que Raquel, cientos de niñas y mujeres viven esta múltiple violencia.

Primero, la que el Estado ejerció sobre ellas al no garantizar el acceso a educación sexual y reproductiva con información científica y transparente; segundo, al no establecer mecanismos para impedir los actos de perpetración sexual y sistemática del que fueron víctimas; tercero, al no permitirles decidir sobre su futuro forzándolas a continuar con un embarazo no consentido; además, la violencia obstétrica del sistema de salud en el momento del parto; y la falta de mecanismos de reparación y atención y contención psicológica; finalmente, a eso se suma la revictimización al que están sometidas por el sistema de justicia y sus trabas para darles justicia. Ni hablar de si esta mujer intenta practicarse un aborto y en lugar de ser la víctima se convierte en la culpable de homicidio ante una justicia no tan justa.