Este mes una chica de 24 años murió en Venezuela al intentar abortar introduciendo un gancho.

En un país con poca educación sexual, una pobreza y crisis económica que va para 8 años y que afecta a la mayoría de la población, anticonceptivos impagables porque cada caja supera el costo del salario mensual, aborto ilegal hasta en caso de violación, y cero apoyo del estado para que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos. No es de sorprenderse que F. Bracho, como muchas, se encontró con un embarazo no deseado.

Ante la desesperación de no poder mantener a un nuevo niño, y  al no tener información o alternativas para interrumpir su embarazo de manera segura, recurre a un aborto clandestino en su localidad de Ocumare del Tuy.

En un lugar sin ningún tipo de regulación o asesoría médica, le introducen un gancho en la vagina, que acabó perforando su útero y matándola.

Hoy su familia la llora. Hoy el estado sigue ignorando la realidad que la mató. Hoy sus hijos están huérfanos.

Hoy pedimos justicia y exigimos que el estado garantize nuestros derechos reproductivos para que ni una mujer más tenga que morir en un aborto clandestino.

Exigimos educación sexual integral para decidir, anticonceptivos accesibles para prevenir, y aborto legal para no morir.

Cabe destacar que en Venezuela también sigue bajo arresto domiciliario, a espera de juicio, Vannesa Rosales, una activista venezolana que para evitar que otras chicas terminaran con un gancho daba información confiable, basada en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, sobre abortos con pastillas. Esta activista que literalmente le salvó la vida a una niña violada al darle información gratuita y segura sobre aborto, podría terminar presa. Así es la situación en Venezuela.