Garantizar a la ciudadanía el acceso a salud sexual y reproductiva con información científica, sin discriminación y velando por el cumplimiento estricto de los derechos humanos es responsabilidad del Estado. Esto incluye acceder a métodos de anticoncepción.

En Chile, como parte de un plan de planificación familiar, el Estado entrega píldoras anticoncepptivas a mujeres en edad reproductiva, la mayoría de ellas son ciudadanas de escasos o limitados recursos que recurren al gobierno para ejercer el derecho a su sexualidad con responsabilidad.

Hace aproximadamente un año, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile inició la notificación de alertas debido a que ocho lotes de seis pastillas anticonceptivas diferentes que estaban defectuosas fueron entregadas en centros de salud pública.

Pese a que se ordenó el retiro del mercado de algunas de estas, muchas ya habían sido consumidas por varias mujeres que confían ciegamente en contar con un método seguro y eficaz de prevención de embarazos no planificados; mientras que otras píldoras fueron de nuevo autorizadas para su distribución.

La consecuencia fue obvia: cerca de 170 mujeres (hasta el momento), en todo el país, quedaron embarazadas en contra de su voluntad por una doble negligencia. Por un lado la de la farmacéutica, por fallas en el empaque y posiblemente en la efectividad de la píldora; y por otro la del Estado, que prefirió hacerse el de la vista gorda y no asumir su responsabilidad o las posibles acciones de reparación que podrían emprenderse para con las víctimas.

Estos cientos de mujeres vieron trastocadas sus vidas luego de recibir la noticia de que estaban embarazadas sin haberlo esperado. Para la mayoría de ellas, esta situación complica aún más su situación socioeconómica, pone en riesgo sus condiciones de vida y además provocó crisis emocionales que no fueron oportunamente acompañadas por el gobierno, ni por nadie.

Cuando el Gobierno identificó las posibles fallas en los anticonceptivos que ya habían sido distribuidos, el esfuerzo por localizar a las mujeres a las que habían sido entregados fue escaso o nulo. Muchas de ellas nunca fueron contactadas o advertidas de la situación, incluso aún ahora algunas de ellas desconocen el por qué de la falla en su método.

¿Y qué hicieron los responsables?

-Culpar a las víctimas.

En declaraciones a los medios de comunicación, la farmacéutica -lejos de salir con una disculpa pública asumiendo su entera responsabilidad- decidió poner en cuestionamiento la administración de las píldoras por parte de las mujeres, si lo habían hecho según las indicaciones adecuadas, si habían tomado las píldoras cuando debían hacerlo, o -incluso- si habían o no acompañado su administración con el consumo de alcohol u otras drogas.

¡Claro, brillante idea!: no era una falla del proceso de producción de la farmacéutica, o un error del gobierno al no haber verificado su calidad lo que había provocado esto. Eran las mujeres -víctimas de su negligencia- las que merecían ser culpadas. [nótese el sarcasmo]

Por su parte, el Gobierno no mostró iniciativa alguna por establecer adecuados mecanismos de reparación a las víctimas pese a que los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres fueron violentados. No hubo iniciativa por el pago de reparaciones económicas ni se abrió la posibilidad de acceso a abortos seguros y legales para quienes deseen interrumpir su embarazo. Actualmente, en Chile hay tres situaciones en las que se permite el aborto: si el embarazo es el resultado de una violación, si el feto es incompatible con la vida fuera del útero o si la vida de la mujer está en riesgo. Según el Estado, lo ocurrido no cumple con ninguna de estas causas.

Gracias a la intervención de organizaciones de la sociedad civil, se presentó una demanda colectiva y aún se prepara otra. Pero esto abre un debate aún pendiente: ¿realmente existen un pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres?

Las mujeres víctimas de esta negligencia han tenido que afrontar varias condiciones hostiles: primero, confiaron en un método anticonceptivo y un Estado fallido, es decir fueron engañadas; segundo, una vez identificada la falla no fueron oportunamente contactadas o si quiera se les brindó adecuado acompañamiento; tercero, resultan ser las culpables; cuarto, no cuentan con condiciones normativas adecuadas para tomar una decisión sobre su vida y su salud sin ser criminalizadas; quinto, no son parte de mecanismos de reparación; sexto, tendrán que lidiar con procesos de denuncias mientras tienen a sus hijos en medio de un estatus emocional, económico y social nada favorable.